130 monitoras de Educación Especial ven peligrar sus puestos de trabajo en colegios de Granada

Isabel Repullo suma 14 años de experiencia como monitora de Educación Especial en centros educativos públicos de Granada. Sin embargo, su experiencia puede quedar reducida a unas décimas con el baremo que ha establecido la Junta en la nueva bolsa de trabajo para el servicio de Personal Técnico de Integración Social (PTIS). “Me valoran como si estuviera trabajando en un centro privado”. En su situación hay en Granada unas 130 compañeras –se trata de un sector en el que casi todas son mujeres–, que ven peligrar sus puestos de trabajo después de años. La baja puntuación con el baremo –tal y como está diseñado, indica Isabel– supone en la práctica que se encuentran con un pie fuera, pese a todos los años que han trabajado para la Administración.

La Junta externalizó el servicio hace quince años. Desde entonces, no se convocaron oposiciones para cubrir estas plazas, que se adjudicaron a empresas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Esto hizo que se extendiera la precariedad. Así, los meses de verano estas trabajadoras pasan al paro; se les da de baja en Navidad; en función de la empresa que las contratara, unas ganan más que otras, pese a desempeñar las mismas funciones para los colegios públicos; y, como ejemplo de las sucesivas irregularidades, Isabel reseña que en la última convocatoria de huelga, el pasado 15 de enero, “la empresa no contó con servicios mínimos”. El paro, según esta monitora, fue seguida por un 90% de las trabajadoras.

Todas estas situaciones han animado a estas monitoras a interponer sucesivas denuncias por cesión ilegal de trabajadores. Una compañera que tuvo el juicio en noviembre lo ganó, recuerda Isabel. Ella misma tenía fijada la vista de su juicio el pasado 15 de enero –el día de la huelga– y “se ha aplazado a mayo, a la espera de la sentencia del Supremo que se espera en abril”.

Las monitoras ya se han puesto en contacto con las distintas asociaciones de familias y colectivos para dar a conocer su problema laboral y mañana, miércoles, el sindicato CCOO ha convocado una concentración para pedir “el mantenimiento de los empleos del personal técnico de integración social y los intérpretes de lengua de signos (ILSE) que trabajan en los centros educativos públicos”. “En la provincia de Granada hay más de un centenar de afectados y afectadas: 134 son personal técnico de integración social de 120 centros y 18 intérpretes de Lengua de Signos de doce centros educativos”, recuerda el sindicato, que pide en esta concentración la subrogación de estos trabajadores.

El conflicto surge a raíz del Informe General de la Junta de Andalucía de 2016, que señala que la APAE no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos. La Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos. Para esto, les incluye en la Bolsa Única Común, donde, entienden estas trabajadoras, no se tiene en cuenta su experiencia en la Administración, lo que repercute en sus opciones de mantener su puesto de trabajo.